Los mexicanos emigran por la falta de oportunidades de trabajo, principalmente causada por la legislación basada en el artículo 123 de la Constitución de México, que pretende tutelar al trabajador y termina afectando su libertad de trabajar.
La inmigración es tan deseable como el intercambio cultural, comercial o turístico; y ha sido la base del progreso de todas las naciones, aunque se destacan algunas como los Estados Unidos de América o la Argentina.
La inmigración requiere leyes para su adecuado funcionamiento, y es precisamente esa la tarea diaria de los gobernantes. Cuando una ley no logra los objetivos deseados y existe un pequeño grupo de trasgresores es posible que nadie le preste atención, pero si el número de trasgresores es muy grande, los gobernantes no deben desatender el problema.
Si hay más de 12.000.000 de inmigrantes que no cumplen las leyes y muchos millones más que los contratan, les brindan servicios, los apoyan, etc., lo mas lógico es que haya que revisar las leyes en lugar de analizar las trasgresiones ocurridas.
En 1919 en EE.UU. entró en vigor la 18a Enmienda de la Constitución a partir de la iniciativa del congresista Andrew Volstead, por la cual fueron prohibidas las bebidas alcohólicas, bajo la llamada Ley Seca. La medida que se prolongará hasta 1933 tuvo como efecto un espectacular auge de los grupos mafiosos ligados al comercio clandestino del licor, mientras se extendía la corrupción entre quienes debían combatirlos. En 1929, una comisión presidencial dictaminó que la puesta en práctica de las leyes antialcohólicas había constituido un fracaso, y en 1933 terminó derogada.
Toda legislación aplicada tiene sus consecuencias en función del grado de cumplimiento.
En Latinoamérica el incumplimiento de las leyes es alto, y se convive con leyes inadecuadas gracias a la trasgresión, la cual termina convirtiéndose en la respuesta natural y aceptada. Pero un país tan respetuoso de las leyes como Estados Unidos de América, debe perfeccionar la legislación para evitar potenciar los errores de una ley o terminar aceptando el incumplimiento como una práctica normal.
El Puerto de Buenos Aires en el Río de la Plata, a pesar de todo su potencial de progreso, fue hasta fines del siglo XVIII cerrado al comercio internacional por la España mercantilista. La respuesta obvia de todos fue vivir del contrabando, y hasta hubo virreyes involucrados en las violaciones a la legislación española. Un siglo después, luego de la independencia de la Argentina, bastó que se legislara con criterios de libertad para que Buenos Aires pasara a ser uno de los puertos más importantes del mundo.
Los fundadores de la nación americana transgredieron leyes británicas que los excluían, para lograr el respeto de sus derechos (no impuestos sin representación). Los británicos en lugar de ver transgresores o ilegales, debieron mejorar la legislación aplicable en sus colonias. Dicha tarea finalmente la hicieron en Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
La señora Susan B Anthony transgredió leyes que no respetaban derechos individuales de las mujeres, y la señora Rosa Parks hizo lo mismo con normas que discriminaban a los afro americanos. La desobediencia civil supo ser la respuesta eficaz frente a legislación injusta.
Hoy ya nadie se anima llamar ilegal o trasgresor de las leyes a los esclavos sureños que escapaban hacia los estados del norte durante la Guerra Civil Americana en el siglo XIX.
Siempre fue igual en todo el mundo. Mahatma Ghandi transgredió leyes que no eran respetuosas de los derechos individuales de los hindúes; y seguramente para Roma Espartaco era un peligroso violador de las leyes de esclavitud.
Nadie habla de un genocidio ilegal, de un asesinato ilegal o de una tortura ilegal. Sería claramente redundante porque son actos considerados inaceptables por todos. Ilegal es un calificativo que se usa cuando algo aceptable tiene reglamentaciones definidas en la legislación que limita su ejecución. Los gobiernos muchas veces han usado la palabra ilegal para lograr objetivos, que no eran honestos. En la Edad Media, seguramente enfrentarse al “derecho de pernada” era “violar” las leyes vigentes.
Hablar de inmigración ilegal es culpar a los inmigrantes, que suelen ser personas de bien, perseguidas o excluidas de las oportunidades de trabajo. Es mejor focalizarse en las leyes vigentes más que en los inmigrantes. Deben sancionarse leyes razonables, en lugar de alarmarse por el incumplimiento generalizado de la actual legislación.
Levantar la bandera del cumplimiento de la ley es inaceptable antes de dotar a la legislación de normas apropiadas. En la frontera tampoco puede haber otra solución que la “tolerancia cero”, pues el control insuficiente es inaceptable y limitar la inmigración mexicana donde se la necesita es afectar la producción americana.
La situación actual de frontera “semipermeable” supuestamente favorece a muchos, pero en realidad los perjudica a todos, a excepción de los enemigos, los narcotraficantes, los traficantes de personas, los terroristas e indeseables, que tienen facilitado el paso por la frontera México – Estados Unidos.
Evidentemente,
- No favorece a los inmigrantes trasgresores que logran un trabajo, pero sin la protección legal que merecen.
- No favorece a los gremialistas americanos que “protegen los puestos de trabajo”, sin lograrlo realmente porque la producción se traslada a otros países que luego exportan a Estados Unidos.
- No favorece a los empresarios que tienen mano de obra barata, pero operando al margen de la legislación pierden las ventajas de trabajar apoyados en ella, pues sus competidores también pueden operar trasgrediendo normas.
- No favorece a los consumidores que creen tener bienes y servicios más económicos, pero que en realidad al no contar con un marco legal se reduce la calidad de los bienes y servicios, y finalmente pueden terminar siendo más caros.
- No favorece a los políticos que dicen estar buscando soluciones, pero al no encontrarlas solo muestran su incapacidad para lograrlas.
- No favorece a la sociedad americana en general que debe incrementar los gastos en seguridad policial y de fronteras, ve facilitado el narcotráfico y el terrorismo, no pueden contar legalmente con trabajadores para muchas tareas, etc.
No se puede legislar pensando en que no existe la Ley de Gravedad, y menos aun querer derogarla. Los legisladores mexicanos primero y los estadounidenses después están en deuda, y no deberían demorar para saldarla porque la trasgresión aun para conseguir un trabajo es inaceptable.